El Senado de la República aprobó una reserva al dictamen sobre la reforma constitucional contra el nepotismo, aplazando su entrada en vigor hasta 2030. La medida, impulsada por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y respaldada por Morena, fue justificada por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien reconoció que el ajuste obedeció a la necesidad de preservar la cohesión interna de la coalición oficialista.
“Nosotros privilegiamos la unidad del movimiento”, declaró Fernández Noroña, minutos antes de la sesión en la que se discutió el tema.
NEGOCIACIÓN ENTRE MORENA Y PVEM
Desde el inicio del debate, el PVEM, encabezado por el senador Manuel Velasco, presionó para que la entrada en vigor de la reforma se postergara de 2027 a 2030. Finalmente, Morena cedió y permitió la modificación, garantizando así el respaldo del partido aliado.
Con este cambio, la senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, podrá contender en las elecciones de 2027 para suceder a su esposo en el cargo.
En un escenario similar, el senador Félix Salgado Macedonio queda habilitado para buscar la gubernatura de Guerrero en 2027, lo que podría representar la continuidad del poder en manos de su familia, dado que su hija, Evelyn Salgado, es la actual mandataria estatal.
Asimismo, en Zacatecas, la enmienda permitirá que el senador Saúl Monreal aspire a la gubernatura en 2027, lo que fortalecería la influencia política del clan Monreal en la entidad, donde su hermano David Monreal es el actual gobernador.
EL PVEM RECONOCE SU INTERVENCIÓN
El senador Manuel Velasco, líder del PVEM en la Cámara Alta, admitió que su partido buscó desde el inicio que la reforma se postergara hasta 2030.
“El Verde insistió en esta modificación porque creemos que el plazo original no correspondía a la realidad política actual”, justificó Velasco, quien también reconoció que la senadora Ruth González es una “candidata fuerte” para los comicios de 2027 en San Luis Potosí.
Con este acuerdo, el oficialismo y sus aliados aseguran su margen de maniobra electoral para el próximo sexenio, postergando la aplicación de una reforma que, en su versión original, buscaba impedir que familiares directos de gobernadores accedieran a cargos de elección popular de manera inmediata.
