Nueva York.— Ismael “El Mayo” Zambada, considerado uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, solicitó formalmente la intervención del Gobierno de México para su repatriación, argumentando que fue víctima de un secuestro transfronterizo y que su traslado a Estados Unidos se realizó de manera ilegal.
En una carta dirigida al Consulado General de México en Nueva York, Zambada exigió que el Gobierno mexicano reclame su retorno para enfrentar un eventual proceso penal en territorio nacional, al tiempo que demandó garantías de que no se le aplicará la pena de muerte en Estados Unidos. En su misiva, el narcotraficante advirtió que la omisión de las autoridades mexicanas podría generar un “colapso” en la relación bilateral entre ambos países.
ACUSACIONES DE SECUESTRO Y VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA
Zambada argumentó que su traslado a Estados Unidos violó tratados internacionales, la Constitución mexicana y el derecho internacional. Señaló que fue “privado de la libertad en territorio nacional mediante coacción física y engaños” y posteriormente entregado a autoridades estadounidenses sin un proceso formal de extradición.
El capo citó diversos instrumentos jurídicos, como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para sustentar su exigencia de asistencia consular y repatriación. También hizo referencia al caso Álvarez-Machaín (1992), en el que un ciudadano mexicano fue secuestrado y llevado a Estados Unidos sin un proceso de extradición, hecho que generó tensiones diplomáticas y llevó a la firma del Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos en 1994.
“Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”, argumentó Zambada en su escrito. Agregó que su ingreso a territorio estadounidense no se realizó conforme a la ley y que las autoridades de ese país han sido omisas en verificar la legalidad de su detención.
DEMANDA DE INTERVENCIÓN MEXICANA
En su carta, Zambada solicitó a la representación diplomática mexicana que realice una protesta formal ante el Gobierno estadounidense, exigiendo respeto a la soberanía nacional y la nulidad de su proceso judicial. Argumentó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece que ningún ciudadano mexicano puede ser entregado sin un proceso legal adecuado, lo cual —según él— no ocurrió en su caso.
Entre sus principales peticiones, destaca:
• La solicitud formal de repatriación con el argumento de que su traslado fue ilegal.
• Garantías de que no se le aplicará la pena de muerte en Estados Unidos.
• Un informe detallado de su captura y traslado, identificando a las autoridades o particulares involucrados.
• La nulidad de su proceso penal en EE.UU., dado que se basa en una jurisdicción adquirida de manera ilícita.
“Si el Gobierno de México no interviene, este caso sentará un precedente peligroso que permitirá la detención y traslado de cualquier ciudadano mexicano sin la participación del Estado”, alertó en su misiva.
RESPUESTA DEL GOBIERNO MEXICANO
Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que la solicitud fue recibida y que será analizada por la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, la mandataria enfatizó que su administración “no defiende al personaje”, sino que revisará la legalidad del procedimiento.
“Más allá de la persona y sus delitos, el tema que se plantea es cómo se dio esta detención”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina, asegurando que el fiscal Alejandro Gertz Manero dará detalles del caso en los próximos días.
El Gobierno de México podría evaluar la posibilidad de interponer una protesta formal por la supuesta violación del Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos, aunque Sheinbaum descartó que este caso pueda generar un colapso en la relación con Estados Unidos. “No lo creo, aquí lo importante es el cumplimiento de la ley y de la Constitución”, afirmó.
IMPLICACIONES JURÍDICAS Y POLÍTICAS
La petición de Zambada ha generado controversia debido a las implicaciones legales y diplomáticas que conlleva. Mientras que su defensa sostiene que fue objeto de un secuestro transfronterizo, el Gobierno de Estados Unidos lo acusa de delitos graves, entre ellos narcotráfico, homicidio y lavado de dinero.
El caso podría abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral México-EE.UU. en materia de cooperación judicial. En tanto, la FGR mantiene abierta una carpeta de investigación sobre la detención de Zambada y las circunstancias en las que se llevó a cabo.
Se espera que el martes, durante el informe de seguridad, la fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrezcan más detalles sobre la postura oficial del Gobierno mexicano en este caso.
