La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por un monto cercano a los 52 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2023, correspondiente al penúltimo año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la entrega del informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el auditor superior, David Colmenares, detalló que el total de observaciones asciende a 51 mil 979 millones de pesos, derivadas de mil 623 auditorías realizadas en el tercer y último informe de revisión de ese ejercicio fiscal.
GASTO FEDERALIZADO, EL PRINCIPAL FOCO DE IRREGULARIDADES
Según el informe, el 73% de las irregularidades detectadas corresponden al gasto federalizado, es decir, a los recursos transferidos a estados, municipios y universidades públicas.
• Estados y municipios: Se encontraron observaciones por 40 mil 801 millones de pesos en mil 431 auditorías a estados, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y universidades públicas.
• Alcaldías y municipios: Se determinaron irregularidades por 15 mil 835 millones de pesos, de los cuales más de 7 mil millones corresponden a observaciones en el rubro de participaciones federales.
• Gobiernos estatales: Se registraron montos pendientes de aclarar por más de 22 mil 700 millones de pesos en 30 estados. Únicamente la Ciudad de México y Querétaro no presentaron observaciones pendientes.
En cuanto a la revisión de 139 instituciones de educación superior, se detectaron observaciones por más de 900 millones de pesos.
INSTITUCIONES FEDERALES CON MÁS IRREGULARIDADES
A nivel federal, se encontraron observaciones por 8 mil 599 millones de pesos, de los cuales más del 80% corresponden a:
• Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex)
• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
• Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
El resto de las irregularidades se distribuyen entre empresas productivas del Estado y sus subsidiarias (16%), y solo el 4% corresponde a dependencias del Gobierno federal.
AUDITORÍAS FORENSES Y SIGUIENTE ETAPA DE FISCALIZACIÓN
La ASF también realizó 29 auditorías forenses, en las que se identificaron observaciones pendientes por 6 mil 600 millones de pesos en instituciones como Diconsa, el Instituto Nacional de Migración, el IMSS y el INAI.
El posible daño patrimonial deberá ser revisado en una segunda etapa de fiscalización, donde las dependencias involucradas podrán solventar o aclarar las observaciones ante la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación.
El informe de la ASF abre la puerta a un nuevo proceso de rendición de cuentas en los diferentes niveles de gobierno, en un año clave para la transición administrativa y la revisión del uso de los recursos públicos.
