CIUDAD DE MÉXICO.– La inconformidad por el control de precios impuesto por el Gobierno federal alcanzó un nuevo punto de tensión este jueves, cuando empresarios, comisionistas y choferes del sector gasero realizaron bloqueos en la Autopista México-Pachuca para exigir la liberación del precio del gas LP y una tarifa de distribución que les permita operar sin pérdidas.
Convocados por el Gremio Gasero Nacional, los manifestantes portaron mantas con consignas como “No al huachigas, sí a la distribución formal con una tarifa de distribución digna” y “Comprometidos con el abasto legal, requerimos una tarifa digna”, en reclamo por lo que consideran un escenario económico insostenible.
DENUNCIAN CRISIS EN EL SECTOR
Rocío Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), advirtió que las empresas atraviesan una situación financiera crítica, debido a que desde octubre pasado se dejó de aplicar la fórmula de cálculo de precios máximos establecida originalmente por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), hoy extinta.
“La falta de un mecanismo claro y actualizado para establecer el tope de precios ha generado una distorsión que impide cubrir los costos reales de operación”, declaró Robles.
CONTROL TAMBIÉN A GASOLINEROS
La problemática no se limita al gas LP. En el sector gasolinero también se han impuesto controles, aunque de carácter “voluntario”, con un precio tope sugerido de 24 pesos por litro para la gasolina magna. La medida, aunque no obligatoria, ha sido criticada por empresarios que señalan presiones informales para cumplir con ese límite.
FALLOS JUDICIALES A FAVOR DEL SECTOR
La tensión ha llegado a los tribunales. En días recientes, dos jueces federales emitieron resoluciones que ordenan eliminar el tope de precios del gas LP en bodegas de expendio y estaciones de servicio, al considerar que dicha regulación afecta la competencia y podría ser inconstitucional.
Mientras tanto, los integrantes del gremio gasero advierten que mantendrán las movilizaciones hasta que se les garantice una tarifa justa y condiciones que permitan la viabilidad de la distribución formal de gas licuado en el país.
