Tras la extradición de 29 narcotraficantes mexicanos, entre ellos el histórico capo Rafael Caro Quintero, el Gobierno de Estados Unidos afirmó que la transferencia de estos criminales fue una respuesta directa del Gobierno de México a la Orden Ejecutiva 14157 emitida por el entonces presidente Donald Trump.
Según un comunicado oficial de la Casa Blanca, dicha orden ejecutiva estableció la designación de cárteles y otras organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, lo que abrió la puerta a medidas más agresivas contra estos grupos.
SOLICITUDES PENDIENTES DESDE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
La Casa Blanca detalló que muchas de las solicitudes de extradición sobre estos individuos estaban pendientes desde hace años y no fueron atendidas por el Gobierno mexicano anterior. No obstante, el actual Gobierno mexicano decidió concretarlas como parte de los esfuerzos de cooperación con el Departamento de Justicia estadounidense bajo el marco de la mencionada orden ejecutiva.
Los 29 extraditados enfrentarán procesos penales en distintos distritos judiciales de Estados Unidos por cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, asesinato, uso ilegal de armas de fuego y lavado de dinero, entre otros delitos.
RESPONSABLES DE INUNDAR ESTADOS UNIDOS DE DROGA Y VIOLENCIA
La Casa Blanca subrayó que los acusados han sido responsables de la importación masiva de sustancias como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína a territorio estadounidense. Además, se les vincula con múltiples actos de violencia derivados de sus actividades criminales.
“Las acciones de hoy son consecuencia de una Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza y de un Fiscal General que está dispuesto a liderar el Departamento con coraje y ferocidad”, declaró Emil Bove, Fiscal General Adjunto Interino.
JUICIO CON TODO EL PESO DE LA LEY
La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, enfatizó que los 29 extraditados serán juzgados con el máximo rigor.
“Como ha dejado claro el presidente Trump, los cárteles son grupos terroristas y este Departamento de Justicia está dedicado a destruir los cárteles y las bandas transnacionales”, afirmó Bondi.
La funcionaria añadió que los procesos judiciales se llevarán a cabo en honor a los agentes de las fuerzas del orden que han dedicado sus vidas —y en algunos casos las han perdido— en la lucha contra los cárteles violentos.
“Enjuiciaremos a estos criminales con todo el peso de la ley. No descansaremos hasta garantizar la justicia para el pueblo estadounidense”, concluyó.
ANALIZAN CARGOS ADICIONALES Y PENA DE MUERTE
El Departamento de Justicia estadounidense informó que revisará la posibilidad de presentar nuevos cargos por terrorismo y violencia contra los 29 extraditados, en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 14164 y los lineamientos emitidos por la propia Fiscal General el pasado 5 de febrero.
De acuerdo con esa revisión, se evaluará si es viable la aplicación de la pena de muerte en ciertos casos. Actualmente, seis de los extraditados ya enfrentan procesos en los que la pena capital es contemplada como castigo máximo. Ellos son:
• Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara.
• Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez.
• Alder Marín Sotelo, acusado por el asesinato de un oficial en Carolina del Norte.
• José Rodolfo Villarreal Hernández, conocido como “El Gato”, vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva.
• Andrew Clark, presunto enlace entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.
• Luis Gerardo Méndez Estevané, miembro de “Los Aztecas”, brazo armado de La Línea.
El Gobierno estadounidense dejó claro que estas acciones forman parte de una estrategia integral para desmantelar las estructuras criminales que han contribuido a la epidemia de drogas y violencia en territorio estadounidense.
