La reciente decisión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas reaviva el debate sobre el uso de la figura legal de la extinción de dominio en México.
Este mecanismo, que permite a las autoridades confiscar bienes relacionados con actividades ilícitas, es visto como una herramienta clave para combatir el crimen organizado, pero también genera preocupación en diversos sectores, como el inmobiliario.
En entrevista para Exprés, Olga Espitia Lanuza, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí, destacó que los agremiados enfrentan el reto de proteger su patrimonio frente a posibles implicaciones legales. “Correr el riesgo de perder propiedades al arrendarlas a integrantes del crimen organizado es una preocupación latente, ya que esta herramienta legal permite que el Estado se apropie de bienes obtenidos ilícitamente, incluso si los propietarios no han sido condenados”, señaló.
La Ley de Extinción de Dominio, introducida en 2008, busca desarticular las estructuras económicas de los cárteles y recuperar activos obtenidos de manera ilícita. Sin embargo, su aplicación plantea desafíos, especialmente para los arrendadores que, sin conocimiento, podrían alquilar inmuebles a personas involucradas en actividades delictivas.
Espitia Lanuza subrayó que la AMPI trabaja activamente en la capacitación de sus afiliados para prevenir riesgos. Esto incluye la elaboración de contratos de arrendamiento con cláusulas específicas y documentos legales que exoneren a los arrendadores de responsabilidades ajenas. Además, se fomenta el uso de pólizas jurídicas que brinden mayor seguridad.
“En la AMPI nos preparamos constantemente mediante investigaciones exhaustivas y, en algunas ocasiones, acudimos a la contratación de una póliza jurídica para el caso de una eventualidad. Con estas acciones tratamos por todos los medios posibles de evitar poner en riesgo el patrimonio de nuestros clientes”, afirmó la presidenta de AMPI.
A pesar de los beneficios que representa la extinción de dominio en el combate al crimen, Espitia Lanuza reconoció que su implementación enfrenta cuestionamientos sobre posibles violaciones a los derechos ciudadanos. Por ello, insistió en que como gremio mantienen una postura preventiva y proactiva.
“Un buen contrato de arrendamiento, perfectamente cuidado en sus cláusulas y respaldado por documentos como facturas o recibos mensuales, ayuda a evitar problemas legales. Es una situación de la que nadie en este sector está exento”, añadió.
La AMPI continuará vigilando que sus afiliados estén actualizados y preparados para cualquier eventualidad que pueda surgir por la aplicación de esta ley. “Nosotros tratamos de prevenir, porque es nuestra obligación tener mucho cuidado antes de cerrar cualquier trato. Como asociación, estamos atentos a todo lo que afecte directa o indirectamente al sector”, concluyó.
