Este viernes, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que formaliza la extinción de siete órganos autónomos, marcando un cambio significativo en la estructura del Estado mexicano. La medida se deriva de una reforma constitucional aprobada previamente por la mayoría de las legislaturas estatales, conforme al artículo 135 de la Constitución.
El documento señala que la reforma, enmarcada en la "simplificación orgánica", busca reasignar las funciones de estos organismos a diversas Secretarías de Estado y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El ahorro generado se destinará al Fondo de Pensiones para el Bienestar, según lo anunciado.
LOS ORGANISMOS AFECTADOS Y SU LEGADO
Entre las instituciones sujetas a extinción se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
El INAI, en particular, destacó en un comunicado su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en el ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a la información y la protección de datos personales. El organismo subrayó su papel histórico en investigaciones clave como los casos Odebrecht, La Estafa Maestra y las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, entre otros.
DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDAD Y FUTURO INSTITUCIONAL
La Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de la reforma el pasado 10 de diciembre, tras su aprobación en los congresos locales. Con la publicación del decreto, inicia el proceso administrativo para la transferencia de atribuciones, un reto significativo para las dependencias del Ejecutivo que asumirán estas responsabilidades.
El INAI instó a que las leyes secundarias definan un modelo eficiente que garantice la continuidad en la protección de derechos. Advirtió que, sin una regulación clara, el acceso a la información y la protección de datos podrían enfrentar mayores obstáculos.
IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A DERECHOS
Diversos sectores han señalado que la desaparición de estos órganos autónomos podría debilitar la independencia institucional y comprometer la rendición de cuentas. Organismos como el INAI desempeñaron roles cruciales en temas de transparencia, protección de derechos humanos y regulación económica, que ahora deberán ser asumidos por instancias gubernamentales.
A medida que avance la implementación de esta reforma, el debate se centrará en su impacto en la gobernabilidad, el acceso a la justicia y la capacidad del Estado para mantener altos estándares en la protección de derechos fundamentales.
