WASHINGTON.— El Gobierno federal anunció que congelará más de 2 mil 200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos a la Universidad de Harvard, luego de que la institución académica rechazara cumplir con una serie de exigencias impuestas por la Administración del expresidente Donald Trump, dirigidas a restringir el activismo político en sus instalaciones.
Entre las condiciones impuestas a Harvard se incluyen reformas estructurales, políticas de admisión y contratación “basadas en el mérito”, así como una auditoría integral sobre las posturas de su comunidad universitaria en torno a la diversidad. Adicionalmente, se exige prohibir el uso de cubrebocas —una medida vista como represalia contra manifestantes pro palestinos— y retirar el reconocimiento o financiamiento a cualquier organización estudiantil que, a juicio del Ejecutivo, promueva actividades delictivas o incurran en acoso ilegal.
HARVARD SE RESISTE: “EXCEDE LOS LÍMITES LEGALES”
En una carta dirigida a la comunidad universitaria, Alan Garber, presidente interino de Harvard, afirmó que las demandas gubernamentales violan la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y exceden la autoridad legal del Ejecutivo conforme al Título VI, que prohíbe la discriminación basada en raza, color u origen nacional en instituciones que reciben fondos federales.
“Ningún Gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio pueden seguir”, escribió Garber. Añadió que la universidad ya ha tomado medidas internas para abordar preocupaciones sobre el antisemitismo, pero advirtió que “imponer poderes ajenos a la ley” no resolverá los desafíos institucionales.
UNA ESTRATEGIA DE PRESIÓN MÁS AMPLIA
Las medidas contra Harvard forman parte de un esfuerzo más amplio por parte de la Administración Trump para condicionar el financiamiento público a las universidades a cambio de alinearse con su agenda política. El Gobierno ha acusado a varias instituciones de permitir expresiones antisemitas durante las manifestaciones contra la guerra de Israel en Gaza, acusaciones que las universidades niegan y califican como intentos de censura política.
