El caso del presunto narcogobierno de Sinaloa escaló luego de que trascendiera la entrega ante autoridades de Estados Unidos de dos exfuncionarios cercanos al gobernador Rubén Rocha Moya.
Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
Ambos habrían entrado en esquemas de cooperación judicial y podrían colaborar como testigos protegidos ante fiscales estadounidenses, según versiones difundidas en medios de ese país.
La relevancia del caso está en que Mérida habría conocido la operación de seguridad, mientras que Díaz Vega habría tenido acceso al manejo financiero y administrativo del grupo gobernante sinaloense.
Su colaboración podría permitir a Estados Unidos obtener testimonios, documentos, comunicaciones, rutas financieras y datos sobre presuntas complicidades entre funcionarios estatales y el Cártel de Sinaloa.
Mérida Sánchez ha sido señalado por presuntamente facilitar protección operativa, alertar sobre movimientos de autoridades y permitir estructuras ligadas a “Los Chapitos”.
Díaz Vega aparece en versiones periodísticas como operador financiero y político cercano al grupo de Rocha Moya.
El caso ocurre mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos alista una ofensiva mayor contra políticos mexicanos ligados al narcotráfico.
