Como resultado de la implementación de políticas públicas encaminadas a establecer finanzas sanas y responsables por parte de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para impulsar más apoyo a las y los potosinos, San Luis Potosí se mantiene como uno de los estados mejor evaluados por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), refrendando su compromiso con el buen ejercicio de los recursos públicos, resultando como el octavo estado mejor calificado.
Algunas de las peticiones de aclaraciones derivadas del informe, resultan de requerimientos a ciertos municipios que no entregaron documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto federalizado, las cuales deberán ser presentadas con la finalidad de ser solventadas durante los próximos 30 días después de su notificación.
Se informó la implementación de 20 auditorías a diferentes fondos y programas, de las cuales 14 fueron de forma presencial y seis por medios electrónicos. De los resultados emitidos por la auditoría 1779 del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA 2023, se realizó la petición de aclaraciones por un monto de 33.6 millones de pesos, derivados de la falta de documentación por parte de seis municipios (Guadalcázar, Mexquitic de Carmona, Venado, Villa de Arista, Ciudad del Maíz y Axtla de Terrazas).
Esta información fue solicitada en tiempo y forma por el Gobierno del Estado, a través de la Contraloría General a cada municipio, pero debido a los cambios en las administraciones municipales, existen inconsistencias en los procesos de Entregas-Recepción.
La Contraloría General del Estado, informó que instituyó el inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, para ser turnados a los órganos internos de control municipales, a fin de que ejecuten las acciones legales correspondientes para que se realicen las aclaraciones que correspondan, pues el Gobierno del Estado, en tiempo y forma y conforme al calendario de ministración, transfirió el recurso para su ejecución a cada uno de los municipios, siendo responsabilidad de estos su cabal cumplimiento conforme a las reglas de operación del propio programa federal.
Respecto a los resultados de las auditorías a organismos públicos descentralizados locales, se reportan tres a fondos y programas. Dos auditorías a subsidios federales para organismos descentralizados estatales (U006), implementados a la Universidad Politécnica y el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale y una fiscalización a los recursos del gasto federalizado transferidos a las UPES, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
De la auditoría realizada a la Universidad Politécnica, se reporta un requerimiento de aclaración por un monto de 3.9 millones de pesos por ejercer los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales sin contar con la autorización de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública, por lo que se basa en conceptos no autorizados por la dependencia normativa, tratándose este, de un caso de una falta en el cumplimiento de los procesos administrativos y no de un tema de daño o perjuicio a los recursos públicos. La instancia auditada contará también con un lapso de 30 días para solventar estas aclaraciones, posterior a la fecha de su notificación.
