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Sección: SLP Exprés
Tiraderos municipales fuera de control
05/01/25 | 09:48 | Por: David Medrano
Solo dos rellenos sanitarios en SLP, los de la capital y Matehuala, cumplen con la norma; la mayoría operan a cielo abierto: Sonia Mendoza.

En San Luis Potosí, la mayoría de los 59 municipios enfrenta un severo problema ambiental debido a la operación de tiraderos de basura a cielo abierto que no cumplen con la normativa ambiental; solo los de la capital y Matehuala se apegan a lo que marca la ley, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam). 

Mendoza señaló que los casos más críticos se encuentran en municipios con menor población y recursos, lo que dificulta la implementación de proyectos ejecutivos, remediaciones y la construcción de rellenos sanitarios adecuados. 

“La mayoría de los ayuntamientos opera tiraderos fuera de control, sin regulación ni medidas de contención para evitar la dispersión de contaminantes”, afirmó. 

Entre los problemas derivados, destacó la dispersión de basura por el viento, la generación de lixiviados y las emisiones de CO2, que han causado incendios graves. 

Solo dos rellenos sanitarios en el estado cumplen con la normativa ambiental: el de Matehuala y el de la capital, concesionado a la empresa Red Ambiental. 

Mendoza subrayó que, aunque los presupuestos municipales son reducidos, esto no exime a los alcaldes de cumplir con la normativa. 

La Segam ha pedido a los 59 ediles que destinen un porcentaje de sus recursos para remediar tiraderos y construir rellenos sanitarios en un plazo de dos a tres años. “Es un gasto doble: pagar multas por irregularidades y, de todos modos, construir un relleno sanitario”, advirtió. 

La funcionaria estimó que la inversión para un relleno sanitario, dependiendo del volumen de basura generado, oscila entre tres y cuatro millones de pesos, además de la gestión de reservas territoriales. “Es una responsabilidad ineludible de las autoridades municipales”, insistió. 

Mendoza dijo que las operaciones irregulares no solo representan un alto costo económico por sanciones, sino también ambiental.

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