Al igual que ocurre en los procesos electorales políticos, la administración estatal implementará un blindaje institucional para garantizar que ningún recurso humano, técnico o material sea utilizado con fines electorales durante la contienda por cargos en el Poder Judicial.
Así lo informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor, quien explicó que las medidas se aplicarán desde este domingo -inicio oficial de las campañas- y se reforzarán durante la jornada de votación.
“No permitiremos que recursos públicos sean utilizados para incidir en el voto ciudadano o favorecer a campañas específicas”, sostuvo el funcionario.
ELECCIÓN JUDICIAL EN MARCHA
En el marco del proceso electoral concurrente, este domingo inician formalmente las campañas de las personas que buscan integrarse al Poder Judicial Federal y Estatal.
En San Luis Potosí se renovarán 16 magistraturas y 67 cargos de personas juzgadoras, lo que convierte a esta elección en un proceso clave para la estructura judicial del estado.
Lara detalló que se ha emitido un acuerdo oficial para restringir cualquier uso inadecuado de los recursos públicos, tanto en oficinas como en campo, y se aplicarán mecanismos de control similares a los utilizados durante campañas políticas tradicionales.
LINEAMIENTOS CLAVES
Entre las medidas destacadas se encuentra el control del parque vehicular, el cual deberá quedar resguardado durante los fines de semana y especialmente el día de la jornada electoral, salvo en casos de uso estrictamente oficial.
Asimismo, se reforzará la vigilancia para que el personal no sea distraído de sus funciones en horarios laborales, ni participe en actividades de campaña en tiempo de servicio.
Lara Enríquez subrayó que el blindaje administrativo tiene como objetivo garantizar la equidad, la neutralidad institucional y la legalidad en todo momento, y advirtió que estarán atentos a cualquier denuncia por presuntos usos indebidos.
“Las reglas están claras y todos los funcionarios deben acatarlas”, concluyó.
