“La Secretaría de Bienestar, a través del Programa de Blindaje Electoral 2021, promueve los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral reforzando la conducta ética de las y los servidores públicos y creando conciencia sobre los delitos electorales y sus consecuencias. Con este objetivo, el Programa brinda capacitación a su personal para prevenir el uso indebido de los recursos públicos y garantizar la operación honesta y transparente de los programas sociales durante todo el proceso electoral...”
No es la primera que el Gobierno Federal instruye y ejercita estas políticas públicas para que los servidores públicos fundamentalmente se abstengan de actos parciales e indebidos tratando de favorecer a algún candidato o partido político; sin embargo, estos programas suelen circunscribirse a lo que puede representar el delito y a las conductas que pueden o no realizarse durante el proceso o incluso antes, pero a pesar de que se trata de un buen programa que funciona bien desde hace algunos 6 años casi siempre a cargo de las Fiscalías Electorales de todo el país y en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las autoridades similares en cada entidad, poco se profundiza en la naturaleza de las prohibiciones y sanciones que contempla la Ley de Delitos Electorales y desde antes los Códigos Penales de la República.
¿A qué me refiero? Pues a la necesidad de concientizar sobre el alcance que pueden tener algunas actitudes indebidas, por simples e inofensivas que parezcan, en la percepción colectiva de las comunidades, tanto rurales como urbanas, pues la actividad política que constituye la materia de este tema, tiene la característica de ser altamente inflamable en el imaginario popular, al que le basta conocer algún rumor o suposición para juzgar, descalificar o invalidar en algún grado o hasta totalmente aún aspirante a gobernarnos o a darnos leyes. Así, cuando se habla de sancionar a quienes distrajeron o hicieron uso de bienes, personas o servicios públicos para incidir a favor de X o Y individuo, se piensa que pueda tratarse de algún escándalo millonario o espectacular pero puede solamente tratarse del “préstamo de una copiadora a mi compadre; o que le preste a Juanito el chofer para los mandados; le solté un ratito la camioneta de la oficina para ayudarle con sus mamparas o bien los dejé que conectaran un diablito para su oficina de campaña o para las bocinas que les faltaban a los gruperos que trajeron para jalar gente”. Y no necesariamente –aunque también sucede con frecuencia- destinar cientos o miles de despensas u ordenar apoyar el proselitismo casa por casa al personal de un ayuntamiento, oficina u Organismo gubernamental. Esto es que, hasta alguna conducta impensada, simple y sin malicia de un servidor público puede resultar sancionada, pero no sólo eso y he aquí el meollo del asunto puede constituirse en la evidencia de un gigantesco fraude electoral que vaticine un enorme conflicto post electoral o que enturbie las elecciones con el apoyo chismológico y sensacionalista de algunos medios de comunicación al grado de hacer más grande el abstencionismo o hasta generar enfrentamiento entre los partidarios apasionados de tal o cual fuerza política.
Luego entonces, hace falta un enfoque diferente al puramente legal, concientizando a los servidores público y a la ciudadanía de los enfoques sociológico y ético, que pongan en la balanza la importancia que tiene para todos legitimar un proceso democrático de elecciones, absteniéndonos de ensuciar con nuestro granito de arena el jarrón transparente que debe ser el proceso electoral. Denunciemos las prácticas electorales abusivas y gandayas, pero no caigamos tampoco en los rumores o suposiciones que pululan en la red.
