Ya en marcha el Proceso Electoral 2021 se puede observar, aunque ahora de manera más descarnada, que las campañas políticas prácticamente carecen de un discurso y propuestas claras, en las que no sólo se diga lo que se ofrece sino como se piensa lograr; se eluden temas espinosos como la maternidad voluntaria, el aborto, las adicciones, el trato hacia grupos discriminados como los homosexuales, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, et. El tratamiento para enfermedades como el SIDA, terminales; el trato para emigrantes, así como para quienes han emigrado de la entidad y atraviesan graves problemas en otro país; la trata de blancas y otros muchos temas que verdaderamente requieren tratarse con franqueza y compromiso para el electorado. Pero hay dos problemas: uno, que tiene que ver con una percepción de que en la campaña no triunfan las mejores ideas sino las más atractivas ocurrencias; y dos, el riesgo de tocar asuntos escabrosos que impliquen un compromiso o posicionamiento definitivo e ineludible sobre lo que piensa frente a estos temas el candidato del que se trate.
Uno se preguntaría con que certeza podemos contar los electores para votar por alguien si lo único que sabemos de ellos es que tanto le pegan e insultan a los adversarios o a las autoridades que van de salida. La respuesta deberíamos tenerla en un documento en el que el partido que representan haya fijado con claridad cuáles son sus diagnósticos sobre cada tema y las respectivas propuestas de solución, es decir, en las Plataformas Electorales que los Partidos están obligados a registrar ante el Instituto Nacional Electoral. Este documento es básico para cumplir con el Principio de Certeza hacia el electorado, además de representar transparencia y cumplimiento al derecho de información que los Partidos tiene con la ciudadanía.
En la democracia no basta con que los actores políticos asuman que actúan conforme a sus respectivas convicciones, sino que es necesario que se hagan cargo de que sus propios actos, dichos y mensajes –con base en sus convicciones- generan reacciones que simple y llanamente no pueden omitirse, es decir, que tienen responsabilidad respecto de las reacciones que se desencadenan en el consumo de la vida política. La conducta ética reclama que el cumplimiento de la ley se vea acompañado del principio de responsabilidad. Y eso vale para todos los actores: el candidato que promete cosas que sabe que no podrá realizar; el medio que difunde informaciones no probadas, el político que escandaliza con el único propósito de llamar la atención, pervierte los fines de la lucha electoral, pues renuncia a manifestar sus verdaderas posiciones, sus diagnósticos y propuestas, sus intereses y, en esa medida, a recrear la pluralidad que nutre y da vida a la democracia. De cara a la realidad democrática, la responsabilidad de los partidos se incrementa, como responsables directos de un Estado democrático.
No hay construcción que merezca o pueda ser emprendida sin diagnósticos, sin proyectos, sin propuestas serias y rigurosas acerca del país, sus problemas y sus oportunidades. Bien vistas las cosas, la calidad de nuestra democracia se juega en la calidad de los partidos, de sus políticos y de sus programas legislativos y de su gobierno. Estos principios son analizados con profundidad en un trabajo sobre ética y responsabilidad en el proceso electoral que desarrollaron José Woldenberg y Jesús Orozco en el Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina (FCE, 2007).
Toca a los partidos la responsabilidad de hacer que la política sea una actividad racional y constructiva. En el accionar de los partidos políticos es necesario que la búsqueda del triunfo electoral no sea en sí mismo el fin o la meta única, sino sólo un importante y necesario paso para incidir de mejor forma en el progreso del bienestar colectivo.
Por la importancia que le dan a la propuesta y al programa, por las estrategias de campaña y de competencia que deciden adopta, acaban siendo mensajes y actitudes que impactan en la calidad del sistema de partidos. Los medios de comunicación se hacen cómplices al no pedirles y menos exigirles respuestas en temas que consideran delicados. Los electores tienen derecho a ver y conocer el producto que van a comprar, no mostrárselos es mentir, es un engaño.
