El presupuesto para la organización de las elecciones de 2021 que solicitó el Instituto Nacional Electoral es de un aproximado de 20 mil millones de pesos de los cuales serían destinados 8 mil millones a los 10 partidos políticos que participarán en estas elecciones. Esto sin contar el dinero privado que de forma legal o ilegal, clandestina o descaradamente se utiliza no sólo por los partidos políticos sino, mucho más aún por cada uno de los candidatos a los diferentes cargos políticos que se encuentran en juego y que son 500 cargos federales y 20 mil 292 de carácter local, para tratar de persuadir y hasta engañar a 94 millones 407 mil 240 personas -48 millones 670 mil mujeres y 45 millones 455 mil hombres- todos ellos distribuidos en 163 mil 244 casillas en toda la República; todo esto agréguele el costo y presupuesto de los Organismos Públicos Electorales (OPLES) de cada entidad federativa con su estructura respectiva y súmele también los Tribunales Electorales del ámbito local y federal que también nos cuestan una lanota. Todo esto para hacer gobernable este país y aceptables las decisiones y políticas públicas; todo esto para que puede conjugarse un verbo dogmático, icónico tanto como subjetivo: creer.
En efecto esa credibilidad es el origen y el fin, la base y el objetivo de la convivencia en sociedad; de las relaciones del colectivo y como tal debe tener un costo en cuanto a inversión de esfuerzo y dinero.
Pero también tiene costos como efectos que la hacen más o menos posible. Esto es, que creer o no creer trasciende el simple ejercicio de que dos partes se pongan de acuerdo, lo que por cierto tampoco es tan simple, sino que este ejercicio entre el que ofrece y el que puede o no comprar la idea, creer o no se ve influenciado por otros muchos factores los cuales tiene que ver con la expectativa, los intereses específicos de grupos contra los intereses específicos del colectivo del bienestar, la paz, la conformidad de vivir como se vive, la esperanza, etc. Y dentro de todo este concepto se destacan en este momento dos factores que a mi modo de ver las cosas habrán de influir notoriamente los resultados de la elección 2021.
Por lo que hace al primer punto, Germán Petersen publica este mismo mes en la revista Nexos, un interesante estudio respecto a la proporcionalidad entre control de la pandemia y resultados electorales refiriéndose a las 15 gobernaturas que están en juego, señala que los partidos que gobiernan cada uno de esos estados dependerán para los triunfos del avance que la pandemia haya logrado en cada entidad, pues el costo de enfermos y decesos les cobrara factura en esa medida; refiere, sin embargo, que también influirá el posicionamiento que haya obtenido en votación el partido ganador en la elección pasada.
Uno de los ejemplos es el de Sonora, donde la taza epidemiológica es muy alta -689.55 de cada 100 mil habitantes, “pero la actual gobernadora Claudia Pavlovich ganó con casi la mitad del voto popular lo que sugiere un PRI fuerte”. De forma similar pero aún más cómoda se encontraría Sinaloa donde Quirino Ordaz ganó con 41.71 del voto popular, aunque también enfrente una incidencia muy alta de COVID: Precisamente en esta asociación de competitividad electoral y tasas de incidencias de la enfermedad, los peores escenarios para el PRI son el de San Luis Potosí y el de Campeche, donde las elecciones anteriores fueron muy reñidas y obtuvo poca ventaja. En lo particular creo que no necesariamente tendrían que ser así las cosas pues la incidencia de COVID por sí sola no demuestra el manejo que cada economía ha tenido pues en estados como San Luis Potosí se han hecho buenos esfuerzos para tratar de conciliar la actividad económica y productiva que representa empleos con el manejo de la crisis de salud. Pese a ello no contamos aun con evidencias determinantes, aunque los priistas de San Luis parecieran resignados a haber perdido la batalla antes de pelearla. Este es el factor de “los nuevos procesos internos”.
