Los problemas derivados de la Reforma al Poder Judicial no han terminado. Los cambios constitucionales aprobados por el Congreso de la Unión traerán una avalancha de litigios, especialmente en materia de derechos laborales, advirtió Leslie Urzúa, experta en derecho penal y coordinadora de proyectos de Impunidad Cero.
Para la maestra en derecho por la UNAM, no hay duda: esta reforma desarticulará al Poder Judicial y entregará el control de la impartición de justicia al partido en el poder.
“Ni siquiera están claros los procesos de selección de candidatos. Se estipula que será a través de comités, pero hasta hoy no sabemos cómo trabajarán, no hay reglas definidas, y todo se maneja con mucha opacidad”, señaló.
Además, Urzúa advirtió que la elección de jueces, contemplada para el 1 de junio de 2025, será el proceso electoral más grande y costoso de la historia.
“El INE ha solicitado 13 mil millones de pesos en el presupuesto del próximo año, solo para capacitación y operación básica. Cada persona deberá votar para 3 mil cargos, lo que podría extender el proceso electoral a dos o tres días”, explicó.
AVALANCHA DE DEMANDAS LABORALES
La experta en derecho anticipó una avalancha de demandas laborales por parte de jueces y magistrados obligados a abandonar sus cargos a causa de la reforma.
“Aunque es un hecho que la reforma será aprobada y el Poder Judicial ya agotó todos los recursos para revertirla, habrá numerosas demandas laborales relacionadas con indemnizaciones, prestaciones médicas, reconocimiento de antigüedad, y situaciones especiales, como permisos de maternidad”, detalló.
Urzúa agregó que la reforma no incluye mecanismos claros para indemnizar o cerrar de manera justa la relación laboral con estos trabajadores, lo que ha provocado un aumento en los procesos legales que se espera crezcan en los próximos meses.
RIESGOS OPERATIVOS
Además del alto costo del proceso electoral, Urzúa advirtió que la reforma presenta serios problemas operativos debido a la falta de definiciones en las leyes secundarias.
“No sabemos cómo será la capacitación de estos jueces, ni cómo se garantizará que los perfiles seleccionados tengan experiencia. Tampoco se ha definido qué pasará con los expedientes y casos en proceso, los cuales podrían ser detenidos. ¿Cómo enfrentaremos la curva de aprendizaje de nuevos jueces?”, cuestionó.
Otro aspecto preocupante es la obligación de los candidatos a realizar campañas entre el 30 de marzo y el 28 de mayo.
“¿Por qué un juez debe hacer campaña? ¿Qué puede prometer? El trabajo de un juez es respetar la ley, no hacer promesas como un gobernador o un diputado”, comentó.
ACCESO A LA JUSTICIA
Finalmente, Urzúa concluyó que esta reforma no garantiza un mejor acceso a la justicia. “Es probable que lo poco que se había avanzado con la reforma al Sistema de Justicia Penal se pierda. Esta reforma dificultará el acceso a garantías, a procesos equitativos y a personas juzgadoras debidamente preparadas y experimentadas”, sentenció.
