El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que para el ejercicio fiscal 2025 propuso que los renglones de infraestructura y de programas sociales sean los que tendrán mayor incremento en el presupuesto de egresos estatal, al sumar entre ambos cerca de 10 mil millones de pesos.
El presupuesto 2025 propone destinar más de 7 mil millones de pesos a proyectos de infraestructura y al menos 2 mil 700 millones de pesos a programas sociales, marcando un hito en la inversión estatal.
Según el mandatario, esta cifra supera por mucho los recursos destinados en administraciones anteriores, que apenas alcanzaron la mitad de esas cantidades.
“Cuando asumí funciones en septiembre de 2021, me comprometí a que la inversión en infraestructura sería una prioridad durante mi sexenio. Hoy estamos cumpliendo con un ritmo anual de más de 6 mil millones de pesos”, afirmó Gallardo.
Añadió que revertir el rezago y el abandono dejado por gobiernos priistas y panistas requiere más de 35 mil millones de pesos en infraestructura.
El mandatario estatal confió en que, gracias al fortalecimiento de las arcas estatales, San Luis Potosí podría superar esa meta en los próximos años.
El presupuesto de 2025 incluye recursos estatales y federales, combinados a través de programas de infraestructura social de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), con proyectos distribuidos en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
El gobernador criticó la pobre inversión en infraestructura de administraciones pasadas, calificándola de negligente y falta de compromiso.
Además, destacó que los programas sociales tendrán un crecimiento notable con 2 mil 700 millones de pesos destinados a becas para personas con discapacidad, adultos mayores y madres solteras, así como al fortalecimiento del programa de Seguridad Alimentaria.
Entre las nuevas iniciativas, Gallardo mencionó la creación del programa de Lavanderías Gratuitas, diseñado para apoyar a sectores vulnerables.
Subrayó que, a diferencia de gobiernos anteriores, su administración ha priorizado la inversión social mediante reformas constitucionales que garantizan su carácter progresivo y eliminan discrecionalidades.
