La reforma constitucional propuesta por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha generado preocupación no solo en México, sino también en Estados Unidos, donde un grupo de senadores ha expresado su inquietud por las posibles implicaciones para la independencia judicial y las relaciones comerciales entre ambos países.
La idea de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular ha sido particularmente controvertida, con críticas que van desde el riesgo de politización del sistema judicial hasta la posible afectación de la relación comercial bajo el tratado T-MEC. La postura del embajador estadounidense Ken Salazar, quien considera que esta reforma representa un "riesgo" para la democracia mexicana, ha tensado aún más las relaciones diplomáticas, llevando a López Obrador a "poner en pausa" su relación con la embajada de Estados Unidos y Canadá.
En el Congreso de Estados Unidos, senadores de ambos partidos han instado a que cualquier reforma judicial en México se enfoque en mejorar la profesionalización, combatir la corrupción y proteger la autonomía judicial, en lugar de debilitarla. La preocupación se centra en que estas reformas podrían impactar negativamente los intereses económicos y de seguridad compartidos entre las dos naciones.
