Un informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de México encendió las alarmas en San Luis Potosí, al identificarlo como uno de los 18 estados del país con mayores factores de riesgo para el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte del crimen organizado.
El documento, titulado Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva, advierte sobre la creciente utilización de menores en actividades delictivas.
En San Luis Potosí, las condiciones de pobreza, carencias sociales, violencia familiar, debilidad institucional y abandono gubernamental crean un entorno propicio para que estos grupos delincuenciales capten con facilidad a menores de edad.
La investigación detalla que los niños entre 6 y 12 años son forzados a realizar tareas como halconeo, transporte de drogas y persuasión de otros menores para explotación sexual. Los adolescentes entre 13 y 17 años son involucrados en actividades más violentas: robos, narcomenudeo, vigilancia de casas de seguridad, cobro de piso y hasta la desaparición de cuerpos.
El panorama se complica por la escasa infraestructura de recreación, la falta de programas preventivos eficaces y el uso de redes sociales y videojuegos como herramientas de enganche emocional, donde los criminales ofrecen promesas falsas de pertenencia y dinero fácil.
El informe también señala que, lejos de recibir protección, muchos menores captados por estas redes son tratados como delincuentes. Esta situación se agrava por la baja inversión estatal en protección a la niñez. En 2021, los recursos ejercidos fueron insuficientes para atender las necesidades mínimas de prevención y atención integral.
En San Luis Potosí, la descoordinación entre dependencias provoca respuestas fragmentadas. La falta de visión de oportunidades, el abandono escolar y la convivencia con entornos violentos o familiares vinculados al crimen, son factores que aumentan la vulnerabilidad de los jóvenes.
El modus operandi descrito en el estudio comienza con vigilancia previa, selección de la víctima y acercamiento mediante regalos, amenazas o falsas promesas. Los criminales adaptan sus métodos según el perfil emocional y social del menor.
RECOMENDACIONES
Como respuesta, el informe recomienda para San Luis Potosí la implementación urgente de campañas de concientización dirigidas a infancias y juventudes en comunidades de alto riesgo, acompañadas de programas educativos, talleres familiares, atención psicológica y asesoría legal.
También propone la creación de centros de reintegración para menores rescatados, en especial en zonas como la Huasteca y el Altiplano, donde se han detectado mayores niveles de incidencia.
En el ámbito judicial, se plantea fortalecer la capacidad de investigación y sanción, con protocolos especializados que aseguren el respeto a los derechos de los menores en todo momento.
Este estudio busca no solo visibilizar el problema, sino también ofrecer herramientas concretas para impedirlo en San Luis Potosí.
