La expectativa para 2025 en materia de seguridad en San Luis Potosí es que la Federación asigne a la entidad, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), poco más de 300 millones de pesos.
Nohemí Proal Huerta, titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, informó que, aunque los programas y proyectos específicos se definirán en febrero próximo, la prioridad del gobierno estatal será robustecer el ámbito tecnológico.
Proal adelantó que, tal como ha señalado previamente el gobernador Ricardo Gallardo, la inversión principal se destinará a la ampliación de la red de arcos detectores en carreteras y al fortalecimiento del sistema de videovigilancia mediante cámaras instaladas en puntos estratégicos del estado, de acuerdo con un diagnóstico basado en la incidencia delictiva.
En 2023, San Luis Potosí recibió 290 millones de pesos provenientes de los fondos FASP y FOFISP para la seguridad pública. Además, para 2024 se logró obtener una partida extraordinaria a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).
La próxima semana, Proal Huerta tiene previsto reunirse en la Ciudad de México con la nueva titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de delinear la coordinación con el gobierno federal y presentar un primer esbozo de los proyectos para San Luis Potosí.
Asimismo, explicó que los fondos FASP y FOFISP son los principales instrumentos de financiamiento destinados a instituciones de seguridad y procuración de justicia, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal, entre otras.
Por su parte, Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, detalló que la semana pasada se analizó el Plan Nacional de Seguridad, conformado por cuatro ejes estratégicos que deberán adaptarse al contexto estatal. El plan ya ha sido compartido con los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad, que se reúne de manera cotidiana.
Torres añadió que, junto con las reformas propuestas, el Congreso Estatal tendrá que realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico local para alinear el plan con la estrategia nacional.
