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Sección: De Peso
Reforma Judicial afectará arribo de inversiones a estados del país
15/09/24 | 11:38 | Por: Olga Omaña
En algunas entidades el efecto será mayor, porque se sumará al de la inseguridad. SLP no resultará tan afectado.

La Reforma Judicial, impulsada por el Gobierno Federal, genera preocupación entre inversionistas, quienes ven con incertidumbre estas modificaciones que podrían pegar al entorno económico del país y a la llegada de inversiones en los estados, aunque SLP no será de las entidades más golpeadas. 

Así lo señaló Armando Vargas, integrante de la organización México Evalúa, quien advirtió sobre los riesgos que podrían afectar el flujo de capital extranjero en México. 

Explicó que, aunque no es un hecho que estas reformas detendrán la llegada de inversiones, el riesgo de afectar el flujo de capital es elevado, particularmente en estados como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Sonora y Coahuila. 

Estas entidades ya enfrentan un clima de inseguridad que complica la atracción de nuevos proyectos y hasta el posible cierre de algunas empresas ya establecidas. 

San Luis Potosí, dado que tiene mejores niveles de seguridad, resultará menos golpeado. 

“No podemos generalizar el tipo de empresas que dejarían de llegar, pero sin duda sectores altamente regulados, como el extractivo, han mostrado reticencia a invertir, ya que los cambios legislativos podrían afectar áreas sensibles como el medio ambiente y la explotación de recursos naturales”, explicó Armando Vargas. 

OTROS RIESGOS 

Más allá de la incertidumbre para la inversión, Vargas destacó otros riesgos derivados de la Reforma Judicial, como el incremento de la violencia política y la corrupción en la designación de cargos públicos. 

“El proceso electoral pasado fue el más violento de la historia, y ahora, con la politización del Poder Judicial, existe un mayor riesgo de que la delincuencia busque influir en la elección de sus líderes, aprovechando el respaldo de partidos”, advirtió Vargas. 

También señaló que la reforma implica una concentración de poder que debilita los contrapesos institucionales, lo que podría permitir que las decisiones del Ejecutivo prevalezcan sobre los intereses públicos y empresariales. 

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