La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, manifiesta su preocupación por la aprobación de la Reforma al Poder Judicial porque esta podría traer efectos negativos para la impartición y el acceso a la justicia, la independencia Judicial y la vigencia al Estado de Derecho, tal como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este jueves la CIDH emitió un comunicado en el que criticó la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar “posibles afectaciones”. Por un lado, se planea ejecutar la reforma en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de jueces, magistrados y ministros, proceso que corre el riesgo de ser intervenido por la fuerte presencia del crimen organizado en los procesos electorales de varias zonas del país.
Otras críticas al proyecto aprobado es la figura del "jueces sin rostro", personas juzgadoras en casos relacionados con delincuencia organizada, «cuyo uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana por los órganos del sistema interamericano». Así mismo, la elección popular de jueces y magistrados podría ocasionar “consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial”.
La Comisión Interamericana reconoce la existencia de altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo han dado a conocer los informes anuales, por lo que concuerda en la necesidad de hacer modificaciones al sistema de justicia mexicano, sin embargo, la iniciativa se aprobó bajo un proceso precipitado carente de un diálogo efectivo, “debidamente informado y participativo”, pues no se le dio la atención suficiente a las voces críticas a la Reforma Judicial ni a las que proponían otras alternativas.
La CIDHPDA concuerda con el posicionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al afirmar que toda reforma judicial debe realizarse «de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación». Por lo tanto, la CIDHPDA exhorta a organismos internacionales estar pendientes del desarrollo de la Reforma Judicial en México y señalar, si así lo amerita, las transgresiones a los Derechos Humanos, en particular al derecho del acceso a la justicia, que su ejecución pueda ocasionar.
