Al acercarse el final del periodo de los ayuntamientos en funciones, el Auditor Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, les advirtió que se revisarán con lupa los movimientos de su última etapa con objeto de que no cometan anomalías y abusos como la autorización de cuantiosos “bonos de marcha” y otras prácticas características del “año de Hidalgo”, las cuales pudieran ser tipificadas como delito.
También les exigió evitar el ocultamiento de información y despidos injustificados que podrían ser después onerosos laudos laborales.
En general, les anticipó que no deben caer en la tentación del llamado “año de hidalgo”, porque las sanciones serán fuertes. Puso como ejemplo que en este momento están sujetos a proceso más de 600 exfuncionarios municipales y estatales, a quienes se les está exigiendo la devolución de recursos, por las afectaciones que causaron al erario público.
Recalcó que el Instituto de Fiscalización del Estado a su cargo estará pendiente de las irregularidades que pudieran presentarse en el proceso.
Por ejemplo, un caso común en estos periodos finales de los ayuntamientos es que los cabildos se auto asignen cuantiosos bonos de marcha no contemplados en sus presupuestos de egresos.
“Es común que, al finalizar su mandato, algunos funcionarios se asignen bonos de marcha y liquidaciones. Posterior a la entrega-recepción, se dará un plazo para que los entrantes realicen observaciones. Si estos bonos no fueron autorizados previamente en el presupuesto, podrían ser constitutivos de delito”, sentenció.
Agregó que “hemos tenido conocimiento y denuncias extraoficiales de ayuntamientos que están despidiendo a su propio personal para que demanden al inicio de la nueva administración, trasladando así la responsabilidad de los laudos.
Estos despidos son notoriamente injustificados, beneficiando a los despedidos con cuantiosas compensaciones. La ley es clara: “los funcionarios son responsables por los laudos generados durante su gestión, por ello, investigaremos esta práctica para evitar fraudes en los municipios”.
En estos casos, precisó que se individualizarán las sanciones en contra de los funcionarios que los hayan ordenado.
Comentó que es muy importante que las nuevas administraciones también se comprometan a no realizar prácticas injustas o abusivas contra los trabajadores, especialmente aquellos sindicalizados o de base, garantizando sus derechos laborales.
El titular del IFSE afirmó que, por ahora, se encuentran en proceso de capacitación para los funcionarios salientes como los entrantes, con el objetivo de asegurar una entrega-recepción ordenada y saludable entre ambas partes.
“Hemos recibido denuncias informales en las que se acusa a algunos exfuncionarios salientes de ocultar o destruir información. Sin embargo, algunas carecen de sustento real. Por ello, estamos siendo muy responsables en la planificación de un acompañamiento adecuado para todos los involucrados”, dijo Lecourtois.
Destacó que uno de los temas primordiales en los cambios de administración municipales es la Seguridad Pública, “es crucial que el cambio de mandos esté bien cuidado para evitar vacíos legales y asegurar que no falte equipamiento y las patrullas cuenten con gasolina. La transición debe realizarse de manera rápida y transparente, garantizando la entrega de tokens y cuentas bancarias entre el tesorero saliente y el entrante para no descuidar esa área tan importante”.
El auditor superior agregó que se prevé realizar visitas previas con los funcionarios entrantes para que conozcan las áreas y empaten con los funcionarios de primer nivel, como el contralor, tesorero, oficial mayor y secretario general, lo que permitirá una transición más fluida y eficiente.
