Washington, D.C.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó formalmente cargos por narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, conocidos operadores del narcotráfico vinculados a la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa.
Esta es la primera vez que autoridades estadounidenses emiten una acusación de este tipo contra miembros de alto nivel del cártel por su implicación directa en el tráfico de fentanilo, metanfetamina y heroína, con repercusiones graves para la salud pública y la seguridad en ambos lados de la frontera.
UNA RED GLOBAL DE FENTANILO
Durante una conferencia de prensa, las autoridades describieron a los acusados como “líderes de una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo”. Según los fiscales, esta organización operaba bajo el amparo de la facción Beltrán Leyva, conocida desde sus orígenes por su extrema violencia y por sostener su estructura criminal a través de asesinatos, secuestros, torturas y extorsiones.
Pedro Inzunza Noriega, identificado como un antiguo cabecilla del cártel y conocido con el alias de “Sagitario”, habría cedido el liderazgo operativo de una célula a su hijo Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón” o “Pájaro”.
VÍNCULOS EN SINALOA Y ACCIONES EN MÉXICO
En paralelo con la acusación en Estados Unidos, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó el 1 de julio de 2024 la desarticulación de una célula delictiva con base en Los Mochis, Sinaloa, encabezada precisamente por Pedro Inzunza Coronel. Según la SSPC, esta célula mantenía una presencia activa en el tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, una de las sustancias más letales en la actual crisis de opioides en Norteamérica.
El anuncio representa un nuevo paso en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y refleja el creciente interés de Washington en clasificar ciertos delitos relacionados con el tráfico de drogas como actos de narcoterrorismo, dada su capacidad de desestabilización social.
La acusación formal es considerada un precedente relevante para futuras imputaciones contra otros integrantes de cárteles mexicanos, en momentos en que el fentanilo se ha convertido en una de las principales amenazas a la seguridad sanitaria en Estados Unidos.
