San Luis Potosí enfrenta un importante rezago en la actualización de sus Programas de Desarrollo Urbano por parte del Instituto Municipal de Planeación, lo que podría representar un obstáculo para la nueva política de vivienda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Así lo señala Benjamín Alva Fuentes, académico de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien advierte que la falta de planeación adecuada y de regulaciones claras en la capital potosina dificultará la implementación del ambicioso plan federal.
La estrategia nacional de vivienda contempla la construcción de un millón de casas en seis años, con una inversión inicial de 600 mil millones de pesos y la meta de edificar 165 mil viviendas en 2025.
Sin embargo, en San Luis Potosí, a ausencia de un marco normativo actualizado podría frenar estos esfuerzos, dejando a la ciudad en desventaja frente a ciudades como Monterrey, Guadalajara y Querétaro, donde ya operan institutos de planeación de quinta generación.
COMPLICACIONES
Uno de los puntos más críticos del nuevo esquema es la creación de una empresa filial del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), encargada directamente de la construcción de vivienda. Según Alva Fuentes, este modelo recuerda a prácticas gubernamentales de hace cuatro décadas y genera preocupación sobre el uso de los ahorros de los trabajadores como fuente de financiamiento.
El costo de producción de las viviendas proyectadas superará los 3 millones de pesos por unidad, con una superficie promedio de 100 metros cuadrados. Para hacerlas accesibles, el Estado tendría que subsidiar tanto la construcción como los créditos hipotecarios, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad financiera del programa.
Más allá de la oferta de nuevas casas, el acceso a la vivienda en San Luis Potosí se ve afectado por problemas estructurales como el encarecimiento del suelo, la burocracia en los trámites municipales y la insuficiencia de ingresos de los trabajadores, lo que ha limitado el acceso a créditos hipotecarios y podrían comprometer el éxito de la política federal en la entidad.
“Habremos de observar de cerca los impactos de esta estrategia, que podría poner en riesgo el ahorro de los trabajadores y generar bajos resultados en términos de asequibilidad”, concluye el especialista.
