Creada durante el gobierno del profesor Carlos Jonguitud Barrios, la Contraloría General del Estado, como se llamó al principio, tenía como objetivo velar por el manejo transparente de los funcionarios estatales en el manejo de los recursos públicos, aunque no estrenó sus facultades sancionadoras durante el régimen que la vio nacer.
No obstante fue hasta el gobierno de Leopoldino Ortiz Santos cuando la Contraloría tuvo un papel protagónico en el escándalo de la obra pública, provocado básicamente por el uso de la influencia del gobernante, por parte de su cuñado Guillermo González Escamilla, ante el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el ya finado Guillermo Leal Tovías, indicándole mediante mensajes simples en tarjetas que les asignara contratos de obra a varios de sus exalumnos, lo que al trascender se convirtió en un escándalo monumental que ocasionó que el contralor de la época Rodolfo Huerta los declarara culpables de anomalías citadas aplicándole una multa salvable y una inhabilitación.
Posteriormente volvió a ser el centro de la atención pública durante el régimen de Fernando Toranzo, cuando obró lo conducente en el encarcelamiento de algunos funcionarios marcelistas como Joel Azuara y Humberto Picharra Carrete por diversas irregularidades.
También en esa época, con Isaac Delgado como contralor, se le inició proceso al que fuera gobernador antes de Fernando Toranzo, el panista Marcelo de los Santos, por presuntos desvíos del crédito por mil 500 millones de pesos contratado al final de su sexenio, lo que derivó en su inhabilitación por 20 años para volver a ejercer cargos públicos y una descomunal multa económica por 7 mil 790 millones de pesos que quedaría sin efecto.
Ya en esta etapa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la contraloría se ha mantenido al margen de la ventilación de las anomalías de la “herencia maldita”.
Nos dicen fuentes estatales que la parte medular del trabajo en relación con los actos cometidos durante el sexenio anterior lo han venido realizando la Auditoría Superior del Estado y aún la Fiscalía Estatal, complementado con las confirmaciones gallardistas sobre las corruptelas detectadas.
ALPISTEANDO
El gobernador Ricardo Gallardo pondrá a prueba el ánimo de los grandes fraccionadores de colaborar económicamente para la construcción de la vía alterna a la carretera 57, ahora que ya quedó claro que el gobierno federal no destinará fondos para esa obra que AMLO prometió respaldar desde su campaña electoral, y para la cual ya hasta se había anunciado el presupuesto superior a los mil 200 millones de pesos, desde hace varios años... Por cierto, ya se empieza a manejar que Morena prepara una caravana de autobuses para trasladar a la CDMX el 27 de noviembre próximo a quienes deseen acudir a la marcha que el presidente López Obrador realizará por su enésimo informe de gobierno... ¿El anuncio de que el sistema de transporte Red Metro entrará en funciones los primeros meses del 2023, significa que ya no habrá acción penal contra el resto de los involucrados en el fraude por más de 150 millones de pesos de este proyecto? Se supone que el proyecto no podía avanzar en tanto no se resolvieran los temas jurídicos derivados de la investigación que se realiza para esclarecer los presuntos actos de malversación de fondos públicos, en los que se dice que además de funcionarios estatales estarían involucradas empresas y servidores públicos federales.
