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Sección: SLP Exprés
Lento avance tiene el nuevo sistema penal
09/05/21 | 10:22 | Por: Pepe Alemán
El Legislativo estatal está facultado para hacer reformas que resten carga de trabajo a la Fiscalía General del Estado.
A cinco años de iniciado el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJP) en San Luis Potosí para el abogado Jorge Chessal Palau la implementación ha sido lenta, aunque justificó que así fue diseñado y recomendó al Legislativo local modificar el Código Penal para despresurizar a la Fiscalía General del Estado que actualmente está rebasada.

“Hemos avanzado, muy poco, muy lentamente, es un sistema que está diseñado para que se vaya implementando a lo largo de mucho tiempo, sigue faltando todavía esa parte de informar a la gente cómo funciona, qué puede esperar y hasta dónde se puede llegar, eso desde 2008 no ha sido resuelto”, expuso.

Chessal Palau señaló que en gran medida la carga que enfrentan las procuradurías se ha ido resolviendo con acuerdos reparatorios, pero que hay una parte que no ha quedado resuelta, que es explicarle a la gente lo que son los criterios de oportunidad, por qué hay delitos que no se investigan y qué es permitido por la ley.

En ese sentido, el especialista en Derecho Penal descartó que el fenómeno de “la puerta giratoria” se esté presentando, sino que las fiscalías están rebasadas en función de la cantidad de trabajo, por eso esas posibilidades de que se pueda decidir qué delitos se pueden castigar, es decir, lo que se conoce dentro de la materia penal como los planes de persecución penal y los criterios de oportunidad, como el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, que se convirtió en testigo colaborador, “pero hay otros criterios de oportunidad como el que las fiscalías están facultadas para determinar que supuestos delitos no se persigan en función de la cuantía de lo que se trata y de lo que va a significar poner en movimiento el proceso de investigación y agentes del Ministerio Público y que no resulta costeable para el Estado”, indicó.

PRIORIDADES
Dijo que en el caso de los robos a tiendas de conveniencia o de autoservicio que son cuantías muy bajas donde llevar a los responsables a proceso y juicio penal sería un cuento de nunca acabar, “se pueden establecer lineamientos para decir que estos delitos no se van a perseguir, pero tiene que existir una contrapartida de manera que se logre ese equilibrio entre víctimas y delincuentes, de manera que tales cuestiones en materia penal ahora puedan ser objeto de sanciones administrativas”, precisó.

EN TERRITORIO POTOSINO
Jorge Chessal aseguró que, aunque en la parte procesal el NSJPA en materia de trata de personas, secuestro y narcomenudeo es federal, los estados regulan sus códigos penales, como en San Luis Potosí que el catálogo de penas contempla prisión y multa, pero que existen otras sanciones que no necesariamente se pueden castigar con prisión y donde el Congreso del Estado puede legislar implementando procedimientos más simplificados que llevaría a resarcir de mejor manera a las víctimas y eso lo puede hacer el Congreso del Estado sin ningún problema.

Detalló que el artículo 30 del Código Penal de San Luis contempla nueve tipos de castigo distintos que pueden imponerse por los delitos: Prisión, reparación del daño, multa, decomiso, suspensión y privación de derechos, suspensión, inhabilitación y destitución de empleos o cargos; así como tratamientos en libertad y tratamientos en semilibertad que pueden aplicarlos en delitos menores en donde pudieran establecer regímenes, por ejemplo, de unos cuantos días en la cárcel y unos cuantos días en libertad; o trabajos en favor de la comunidad.

“Una de las principales razones por las que no funciona el Nuevo Sistema de Justicia, es un tema de costo-beneficio”, estableció.
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